Líderes y organizaciones del sector transporte anunciaron su respaldo a la creación de un gran Frente Nacional que involucre al Gobierno, las academias y la sociedad civil, con el objetivo de exigir el diseño e implementación inmediata de una verdadera política de Estado en materia de seguridad vial que frene la sangría de muertes en las carreteras del país.
La iniciativa surge como un espaldarazo directo al reciente clamor editorial del periódico Listín Diario, titulado “La pandemia vial que nos azota”, en el cual se equipara la siniestralidad en las vías con una crisis sanitaria fuera de control.
Una emergencia de seguridad nacional
El abogado y dirigente sindical Mario Díaz coincidió de manera categórica con los planteamientos del rotativo, asegurando que el panorama actual del tránsito ya no resiste más diagnósticos ni debates teóricos, sino acciones de fuerza legal.
“Coincido plenamente con el editorial cuando afirma que no podemos seguir contando muertos mientras debatimos si el problema es grave. La situación es crítica, constituye una emergencia nacional y la hora de actuar es ahora”, puntualizó Díaz.
El jurista enfatizó que el país necesita pasar de los parches administrativos a una política pública integral que contemple la aplicación rigurosa de la Ley 63-17, programas de educación vial permanentes y una fiscalización electrónica drástica.
“No podemos seguir normalizando una tragedia que cobra vidas todos los días; se requiere voluntad política y una coordinación efectiva entre todas las instituciones responsables”, argumentó.
La propuesta del Frente Nacional
Por su parte, Williams Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), fue quien puso sobre la mesa la estructura de esta coalición social para dar una respuesta contundente al caos de la movilidad urbana e interurbana.
Según el presidente de la CNTU, este "Frente Nacional" no debe limitarse al espectro gubernamental, sino abarcar un bloque multisectorial integrado por sindicatos, empresas privadas, universidades, medios de comunicación, juntas de vecinos y el Poder Ejecutivo.
“Nos ponemos de acuerdo con que se arme un gran bloque para encarar de frente los accidentes que ocurren a diario. Las autoridades deben redoblar los esfuerzos de inspección y control, pero la solución definitiva requiere la corresponsabilidad de toda la sociedad”, explicó Pérez Figuereo.
La radiografía de la tragedia en 2026
El sustento de la alarma gremial e institucional se refleja con crudeza en los datos oficiales. De acuerdo con el más reciente boletín epidemiológico del Observatorio de Seguridad Vial (Opsevi), en lo que va del año 2026 ya se han contabilizado 1,001 personas fallecidas a causa de siniestros viales en el territorio nacional.
El mapa de calor estadístico del organismo traza una ruta crítica de alta peligrosidad, concentrando la mayor cantidad de muertes en las provincias con mayor densidad demográfica y flujo logístico: Gran Santo Domingo: 114 fallecidos; San Cristóbal, 98; La Altagracia, 83; Santiago, 79; La Vega, 59; Distrito Nacional, 59; Peravia, 42 fallecidos.
Los transportistas advirtieron que si las mesas de diálogo no se convocan a la brevedad bajo el esquema del propuesto Frente Nacional, las proyecciones de mortalidad para el cierre del año colocarán una vez más a la República Dominicana en los puestos más vergonzosos de la estadística de inseguridad vial a nivel internacional.
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