Pacheco y De los Santos discrepan sobre cuándo modificar el Código Penal

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A menos de 40 días para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, programada para el próximo 3 de agosto de 2026, los presidentes de las cámaras legislativas mostraron posturas divergentes sobre el momento idóneo para introducir modificaciones a la Ley 74-25, la cual enfrenta severas críticas de diversos sectores de la sociedad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, admitió la posibilidad de revisar la normativa debido a su complejidad.

“Tal vez tengamos que pasarle la mano porque es un código bastante amplio y complejo”, manifestó al ser entrevistado en la emisora La Z101.

Sin embargo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, descartó de plano cualquier alteración inmediata. 

“Al Código Penal no hay forma alguna de que se le pueda modificar un punto ni una coma hasta que no entre en funcionamiento. Después de que entre en vigencia, la práctica nos va a ir demostrando dónde tiene que ser modificado”, aclaró de forma tajante en la sede del Poder Legislativo.

Peligro para la libertad de prensa

Uno de los debates más ardientes se centra en los artículos que regulan los delitos de palabra. La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), presidida por Persio Maldonado, advirtió que las cuantiosas multas y las penas de cárcel contempladas para la difamación e injuria podrían generar un "efecto inhibitorio", desincentivando el periodismo de investigación por temor a la judicialización.

Frente a esto, Pacheco argumentó que, si bien están dispuestos a evaluar si las penas son excesivas, estos delitos deben permanecer tipificados para combatir lo que denominó como la “industria del chantaje” contra funcionarios públicos.

El legislador reveló haber sido víctima de emisarios que le exigieron altas sumas de dinero a cambio de no difundir campañas en su contra.

Contrapropuesta para proteger a los medios

Para mitigar el impacto democrático de la ley, el senador independiente Antonio Taveras presentó una propuesta de modificación dirigida a tres ejes fundamentales.

Eliminar la prisión por difamación: Modificar el artículo 208 para priorizar el castigo económico sobre el carcelario y prohibir la clausura de medios, esto es, alterar el artículo 212 para garantizar que bajo ninguna circunstancia jurídica se ordene el cierre de un medio de comunicación.

También, derogar el delito de "ultraje", lo que significa eliminar el polémico artículo 310 por otorgar privilegios penales desproporcionados a los funcionarios públicos sobre los ciudadanos comunes.

El congreso se encamina así a un cierre de legislatura bajo una intensa presión civil y gremial, donde la única certeza es que el nuevo ecosistema penal dominicano nacerá bajo el signo de la reforma inmediata.