SANTIAGO, República Dominicana.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra los principales implicados en una presunta red criminal dedicada a la extorsión, el chantaje y las estafas a ciudadanos residentes en Estados Unidos, desarticulada mediante la denominada Operación XL526.
Asimismo, el tribunal declaró el caso de tramitación compleja debido a la magnitud de la investigación, el número de imputados y la cantidad de víctimas involucradas.
La medida privativa de libertad fue impuesta a Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Walinton Ariel Sosa Almonte y Moisés David Pichardo Aracena, señalados por el Ministerio Público como los cabecillas de la estructura criminal.
En tanto, a Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Joselín Pichardo Cabrera y Julio Antonio Peralta del Rosario se les impuso una garantía económica de 800 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.
La decisión fue adoptada por la jueza Yiberty Polanco, luego de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, representado por la procuradora general de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, junto a Joanna García, de la Dirección General de Persecución, así como los fiscales Elvin Ventura y Lía Collado, responsables de las áreas de Casos Complejos y Delitos Cibernéticos en esa jurisdicción.
INVESTIGACIÓN POR CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE ACTIVOS
La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago solicitaron la declaratoria de complejidad del proceso al considerar que se trata de una organización criminal estructurada, vinculada además al lavado de activos y otras actividades ilícitas, lo que requiere mayor tiempo para profundizar las investigaciones conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal Dominicano.
La Operación XL526 fue ejecutada por un equipo integrado por 35 fiscales que realizaron 28 allanamientos simultáneos en las provincias de Santiago y Puerto Plata, con el apoyo de diversas agencias nacionales e internacionales.
Entre las instituciones participantes figuran la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
VICTIMAS EN ESTADOS UNIDOS
De acuerdo con las investigaciones, la organización operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago, y mantenía una estructura orientada a cometer estafas, extorsiones y chantajes de manera sistemática contra personas radicadas en Estados Unidos.
Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas.
El Ministerio Público sostiene que los integrantes de la red utilizaban su dominio del idioma inglés y diversas herramientas tecnológicas para contactar a las víctimas mediante anuncios publicitarios y posteriormente someterlas a extorsión bajo un esquema previamente diseñado por los líderes de la organización.
Según las pesquisas, los imputados se hacían pasar por miembros de grupos criminales internacionales, entre ellos el denominado Cartel de Sinaloa, con el propósito de intimidar a sus víctimas. Como parte de las amenazas, enviaban imágenes violentas y exigían pagos de dinero para evitar supuestas represalias.
USO DE CRIPTOMONEDAS Y MECANISMOS DE OCULTAMIENTO
Las autoridades indicaron que los fondos obtenidos ilícitamente eran canalizados mediante transferencias electrónicas, depósitos a través de empresas remesadoras, plataformas de pago digital, transferencias espejo y criptomonedas como Bitcoin, con el objetivo de ocultar el origen de los recursos y darles apariencia de legalidad.
Las evidencias recopiladas incluyen pruebas testimoniales, periciales y documentales que vinculan a los imputados con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.
El Ministerio Público aseguró que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados y determinar el alcance total de las operaciones de esta presunta organización criminal de carácter internacional.
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