La defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó que el fallo de "no ha lugar" emitido por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó la "ausencia total de pruebas" objetivas y vinculantes que pudieran comprometer la responsabilidad penal de su representado en el denominado Caso Calamar.
Los abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez sostienen que esta decisión judicial representa un reconocimiento claro de las debilidades estructurales del expediente presentado por el Ministerio Público.
Según indicaron, la acusación penal estuvo sustentada desde el inicio en meros relatos, interpretaciones y afirmaciones carentes de soporte probatorio verificable, apoyándose además en lo que calificaron como un testimonio fabricado y contradictorio.
El equipo técnico expresó su satisfacción con el dictamen, al que catalogó como un triunfo del debido proceso y del derecho constitucional.
“Este fallo pone de manifiesto una verdad jurídica ineludible: nadie puede ni debe ser enviado a un juicio de fondo cuando el expediente carece de elementos probatorios reales. La presunción de inocencia no puede ser desplazada por narrativas mediáticas ni por percepciones alejadas de la evidencia”, manifestaron los juristas.
La barra de la defensa insistió en que, a lo largo de toda la etapa preliminar, aportaron diversas auditorías, certificaciones oficiales y documentos financieros que demostraban la inocencia de Peralta, así como su falta de vinculación con los hechos imputados.
Asimismo, resaltaron un aspecto particular del proceso: la forma en que las propias piezas del órgano persecutor terminaron beneficiando al exfuncionario.
“Muchos de los documentos y certificaciones incorporados por el Ministerio Público terminaron favoreciendo el descargo de Peralta, al evidenciar su correcto proceder y la ausencia de elementos que comprometieran su responsabilidad penal”, concluyó la defensa.
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