El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, negó que el caso contra José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Hugo Beras y otros imputados esté debilitado tras la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, eliminar la acusación de terrorismo.
“No debilita el caso porque los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje; es como decir que el tribunal retuvo del tipo penal el 90%; el resto nosotros lo podemos probar y resolver en juicio en la medida en que se desahoguen las pruebas”, indicó Camacho.
La jueza envió a juicio de fondo al empresario José Ángel Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S., y Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); Pedro Vinicio Padovani Báez; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant, respectivamente.
Asimismo, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas; Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
También, las personas jurídicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
De acuerdo a Camacho, la jueza mantuvo las tipificaciones de sabotaje, además de lavado de activos, “lo que significa que en este caso puede haber penas que lleguen, incluso, a los 20 años de reclusión”.
La Pepca presentó acusación por el caso contra las personas físicas y jurídicas en el mes de octubre del pasado año 2025.
El Ministerio Público determinó que, mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
Según la acusación, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un supuesto entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.
José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Frank Díaz Warden manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda facilitó el control técnico de la red semafórica y falsificó certificaciones.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Pedro Vinicio Padovani Báez supervisó el centro de control de tráfico y participó en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje de la red semafórica.
Carlos José Peguero Vargas movilizó fondos a través de Inprosol S.R.L.
Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, actuaron como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia Gómez Canaán.
Henry Darío Feliz Cassó operó como intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos.
Con relación a las personas jurídicas, la acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para contratos fraudulentos y control de la red semafórica. PagoRD Xchange S.R.L. se empleó para apropiación de ingresos públicos y adquisición de bienes de lujo.
Industria Soltex Dominicana S.R.L. participó en operaciones de lavado y contrabando. Dekolor S.R.L. encubrió, desvió y manipuló licencias.
Aurix S.A.S. se destinó al espionaje y sabotaje tecnológico.
Inprosol S.R.L. funcionó como vehículo financiero del esquema y OML Inversiones S.R.L. adquirió bienes inmuebles con fondos ilícitos.
El grupo fue acusado de incurrir en lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y de cometer estafa en perjuicio del Estado dominicano, además de sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación y actos de terrorismo, además de incurrir en crímenes y delitos de alta tecnología y uso de documento privado. También fueron acusados por contrabando y violación a la Ley de Armas.
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