El Gobierno dispuso ayer que todos los ingresos que generan los consulados dominicanos en el exterior pasen al Estado, una medida que busca optimizar el manejo de los recursos públicos y reforzar la transparencia en la gestión estatal.
Durante una presentación, encabezada por el canciller Roberto Álvarez, el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, explicó que esta disposición forma parte de una nueva etapa en la reforma del servicio exterior, que contempla una transformación estructural del sistema consular y da continuidad a los cambios ya implementados por el Gobierno.
"La totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro", afirmó Díaz en una conferencia de prensa.
Aseveró que con esta decisión se establece un modelo de administración basado en la integridad institucional, la rendición de cuentas y el control centralizado de los fondos generados por los servicios consulares.
El funcionario dijo que la medida permitirá al Estado disponer de mayores recursos para ampliar la cobertura de los servicios consulares, incluyendo la apertura de nuevas oficinas en localidades donde residen comunidades dominicanas que demandan estas facilidades.
Escala salarial para personal consular
Como parte de la reforma, también se implementará una escala salarial para el personal consular, con condiciones equiparables a las del servicio diplomático, con el objetivo de corregir distorsiones históricas y garantizar una remuneración más justa.
Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores avanzará en la reorganización de los consulados bajo criterios de eficiencia operativa y servicio al ciudadano, con estructuras más racionales y funcionales.
La reforma se inscribe en el marco del proyecto RD Meta 2036, que procura duplicar el producto interno bruto del país en la próxima década, así como en la estrategia nacional de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige estándares cada vez más elevados de gobernanza pública y gestión de los recursos del Estado.
Distintos consulados dominicanos han estado envueltos en irregularidades financieras y cobros indebidos, evidenciando fallas en los controles.
Entre los casos más relevantes: en 2021, el cónsul en Juana Méndez, José Altagracia Valenzuela Arias, fue destituido por presunta venta de visas; en 2020, el Consulado en Nueva York fue cuestionado por una deuda superior a 330 mil dólares; en 2022, el excónsul en Jamaica, Jeremías Jiménez Cruz, fue condenado en EE. UU. a 15 años por narcotráfico y lavado de dinero, abusando de su cargo; Andrés Boció Fortuna fue investigado por falsificación y venta de visas en Belladère, Haití. La Cancillería lo suspendió.
La cónsul en Hong Kong, Casilda Casado Alcántara de Cheung, fue señalada por facilitar visas irregulares a ciudadanos chinos a cambio de dinero; en 2024, Romina Catherine León Santos renunció como cónsul en Valencia tras ser vinculada a una red de venta de visados.
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