La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) entregó a la Cámara de Diputados un documento con 14 observaciones esenciales para corregir el nuevo Proyecto de Ley Orgánica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que la normativa debe alejarse de cualquier "rastro autoritario" y eliminar ambigüedades que puedan vulnerar la privacidad y la libertad de expresión.
FINJUS fue enfática al exigir que toda recolección de datos o solicitud de información a entidades privadas y de telecomunicaciones sea casuística y cuente con autorización judicial previa.
La entidad rechaza el acceso "indiscriminado" a organismos financieros y propone que el DNI no solo rinda cuentas al Presidente, sino que sea fiscalizado por una comisión bicameral del Congreso para garantizar el respeto a los derechos humanos.
TRANSPARENCIA Y LIBERTAD DE PRENSA
En cuanto a la gestión administrativa, la fundación se opone a que el DNI quede totalmente exento de la Ley de Compras y Contrataciones, sugiriendo que las excepciones solo apliquen a temas estrictos de seguridad nacional.
Además, Castaños Guzmán subrayó la necesidad de proteger el secreto profesional y las fuentes periodísticas, advirtiendo que la ley no puede ignorar la protección de datos personales vigente.
Finalmente, FINJUS alertó sobre una posible invasión de funciones del Ministerio Público. Propuso que la ley obligue al DNI a remitir inmediatamente a la Procuraduría cualquier hallazgo de ilícitos penales, estableciendo además un régimen de responsabilidad penal para los agentes que actúen al margen de la ley.
"El sistema de inteligencia debe ser un mecanismo de respuesta a amenazas, no una herramienta que sacrifique libertades", concluyó Castaños.
