El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso ayer 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados, acusados de formar parte de un presunto entramado de corrupción administrativa al que el Ministerio Público atribuye haber defraudado a la ARS estatal con más de 15,000 millones de pesos.
Además de Hazim, la medida fue impuesta a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes cumplirán la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Además, la imputada Ada Ledesma Ubiera deberá cumplir la medida en Najayo Mujeres.
En tanto, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y favoreció con medidas cautelares a tres de los diez imputados, luego de que admitieran haber recibido sobornos y accedieran a colaborar con la investigación.
Se trata de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella. A las primeras el magistrado les impuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos. A Read Estrella solo impedimento de salida y arresto domiciliario. El juez también declaró el caso complejo.
Ministerio Público
De su lado, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo que la decisión del tribunal se basó fundamentalmente en tres elementos.
"El primero fue la gravedad de los hechos, que el juez reconoció y calificó como crueles, muy graves; los entendió como una traición, los llamó una locura colectiva y los comparó incluso con una forma de holocausto", expresó.
Indicó que el segundo elemento fue "la contundencia de la investigación del Ministerio Público", la cual fue reconocida por el tribunal, que citó documentos y testimonios presentados durante la audiencia.
Camacho señaló que el tercer aspecto valorado fue la colaboración prestada por algunos imputados, lo que llevó al tribunal a dictar prisión preventiva para siete personas y medidas alternativas para las otras tres.
"En sentido general, los diez imputados presentados en este proceso están privados de libertad", afirmó.
Agregó que el Ministerio Público se prepara para dos acciones: "Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todas estas personas respondan ante el banquillo de los acusados por los hechos atroces que han cometido", y "trabajar día y noche para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso".
