El reciente arresto del exregidor Francisco Alberto Paulino Castro, conocido como "Francis o el Compadre", por su presunta participación en una red de lavado de activos, incrementa la creciente lista de dirigentes, militantes o funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM) vinculados al narcotráfico.
Paulino Castro fue electo regidor en las elecciones municipales de 2020 y llegó a presidir el Concejo de Regidores de Boca Chica. Sin embargo, el pasado jueves se informó que el Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) lo detuvieron, en un operativo junto a otras 15 personas —entre ellas empleados del puerto Multimodal Caucedo— por sus presuntos lazos con el narcotráfico.
Mientras en el PRM siguen cayendo miembros bajo estas circunstancias, la organización política mantiene su posición de que no existe impunidad para sus afiliados que han sido o están siendo vinculados al crimen organizado.
El vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, reiteró el viernes que toda persona que viole la ley debe responder ante la justicia, sin importar el partido al que pertenezca.
"Todo aquel que transgrede la norma está obligado a pagar por ello. Que se cumpla el debido proceso y que responda por sus hechos, de ser culpable. Si es inocente o culpable, que lo determine la justicia, pero siempre será lo mismo: todo aquel que transgrede la norma está obligado a pagar por ello", afirmó.
En esta misma semana del arresto de Paulino Castro, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, sostuvo durante un Diálogo Libre de este periódico que el Gobierno mantiene un enfoque de "impunidad cero" frente a la influencia del narcotráfico en la vida política nacional.
"Si mañana surgiera otra persona vinculada a nuestra organización o a cualquier área del quehacer social asociada al narcotráfico, ya sabe cuál es la suerte que le corresponderá: la de la justicia; y, si tiene vínculos con el exterior, su extradición", remarcó Paliza.
El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), Alcibíades Tavares, señaló la necesidad de que los partidos políticos, en especial el gobernante, implementen mayores filtros para alejar a los "criminales" de la cosa pública.
