En los últimos cuatro años, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) registró 6,367 infracciones relacionadas con competencias de velocidad en vías públicas y alteraciones a automóviles.
De esa cifra, 4,926 corresponden a violaciones del artículo 174 de la Ley 63-17, que regula la movilidad, el transporte terrestre y la seguridad vial.
La disposición establece sanciones para quienes construyan, reconstruyan o modifiquen vehículos y remolques en desacato a las normas de seguridad dictadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Las multas oscilan entre uno y cinco salarios mínimos del sector público centralizado.
Aunque la ley establece las sanciones, no precisa con claridad qué constituye una “modificación indebida”.
Sobre este punto, el Intrant que actualmente trabaja en la redacción de una normativa que detalle los criterios específicos.
En paralelo, las competencias ilegales en la vía pública representan otra problemática: Digesett contabilizó 1,441 infracciones por este concepto, en violación al artículo 267 de la Ley 63-17.
La norma prohíbe expresamente las carreras en las calles y establece castigos que incluyen multas de cinco a diez salarios mínimos, prisión de uno a tres meses y la reducción de puntos en la licencia de conducir.
