El senador de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional, Omar Fernández, propuso modificar un proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo el cual endurece las penas contra los que trafiquen con migrantes para que en lo adelante cualquier funcionario que sirva al tráfico ilícito de migrantes sea impedido de por vida de ocupar cargos públicos.
El proyecto fue reenviado a la comisión que estudia el proyecto para analizar la inclusión de la iniciativa.
El congresista que representa al Distrito Nacional en la Cámara Alta argumentó que quien se prevalece de una posición que le ha confiado el pueblo para atentar contra la soberanía no puede ser premiado con el servicio público.
El proyecto que envió el Poder Ejecutivo plantea la sanción de cinco años de suspensión ante la primera comisión de este delito, y de 10 años en caso de reincidencia.
La propuesta del senador plantea sancionar, además de prisión, con 10 años de inhabilitación en servicio público en la primera ocasión y nunca más en caso de reincidir.
Fernández se mostró de acuerdo con que cualquier persona responsable de los delitos de trata y/o tráfico ilícito de migrantes pueda ser condenado hasta a 40 años de prisión.
El pasado 7 de abril el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó en el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Ley núm. 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, para endurecer las penas contra los dediquen a esta práctica. Un día antes el presidente Luis Abinader anunció 15 medidas para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional ante la crisis en Haití.
Una de las acciones anunciadas por el mandatario fue la presentación de una reforma al marco legal migratorio existente, la cual debe ser conocida con carácter de urgencia por el Congreso Nacional.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo manifestó que, con este depósito, el presidente cumple de forma inmediata con la cuarta de las medidas anunciadas.
Explicó que el objetivo de esta iniciativa es modificar de manera puntual los artículos 2, 5, 6 y 7 del texto legal, con el fin de precisar los elementos que constituyen el tráfico ilícito de migrantes, establecer nuevas penas y adicionar circunstancias agravantes tanto para el autor principal como para el cómplice.
Peralta Romero indicó que, en el artículo 2, se amplía la definición y se agregan los elementos constituyentes de tráfico ilícito de migrantes, debido a que la contenida en la ley vigente impide la eficiente persecución por parte del Ministerio Público y aplicación de las normativas correspondientes.
Asimismo, el artículo 5 introduce la tipificación de delitos por omisión, estableciendo que se considerarán penalmente responsables aquellas personas que, por deber legal o vínculo con la víctima, omitan actuar para evitar el daño.
