Esta medida tiene como objetivo "ordenar la atención a pacientes extranjeros, asegurar el cumplimiento de las normativas migratorias vigentes y contribuir a la sostenibilidad del sistema hospitalario nacional", de acuerdo con un comunicado gubernamental.
Según el referido documento, los inspectores y agentes migratorios verificarán que los pacientes cuenten con identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.
De lo contrario, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, repatriados conforme a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.
El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, reafirmó que esta política será ejecutada con apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos, especialmente en casos de vulnerabilidad como menores de edad, mujeres embarazadas y pacientes en estado crítico.
Previo a su implementación la DGM, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud (SNS), realizó un taller de socialización del protocolo con personal de salud, administrativo y de seguridad de los centros hospitalarios, a fin de definir los criterios técnicos y capacitar a los equipos involucrados.
