La criminalidad organizada tiene prácticamente secuestrada a gran parte de América Latina. Grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, trata de personas con fines de explotación sexual, extorsiones, lavado de dinero, entre otros delitos, han ganado mayor hegemonía territorial en países como Perú, Venezuela, Brasil, Chile y otros cinco países, en las últimas dos décadas, a través de acciones violentas.
Con el propósito de comprender a detalle el desafío que enfrenta la región, El Comercio reunió datos recabados por medios pertenecientes al Grupo de Diarios de América (GDA) en Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, México y Perú.
Una amenaza regional
Si bien cada país vive un contexto diferente respecto a la inseguridad ciudadana, existen similitudes entre todos: los altos índices de violencia, la existencia de facciones de las organizaciones criminales más grandes para que puedan seguir expandiéndose, la captación de menores de edad para evadir a la justicia, la disputa de bandas para el control territorial, los secuestros, las extorsiones, el narcotráfico, y el lavado de activos para el libre movimiento del dinero generado a través de los diversos delitos que se cometen.
Información proporcionada por el diario O Globo de Brasil señala que los dos mayores grupos criminales de ese país –el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC)– disputan el monopolio del mercado interno de venta de drogas ilícitas y las rutas del mercado internacional de venta de drogas. Para que estos grupos sobrevivan, han encontrado la fórmula correcta a través del tráfico de drogas, armas, extorsiones, homicidios, robos y lavado de dinero.
Si bien en octubre de 2023 se anunció la creación del Programa Nacional de Enfrentamiento a las Organizaciones Criminales (Enfoc), que invertirá 900 millones de reales hasta 2026, expertos consultados por O Globo argumentan que el gobierno federal aún no ha asumido un papel protagónico en el campo de la seguridad pública. Hasta ahora la respuesta contra el crimen organizado ha sido militarizada y ha generado que el país lidere el ránking regional de muertes causadas por la policía: en 2023, hubo 6.296 muertes en operaciones policiales en todo el país.
Estas organizaciones se podrían considerar megabandas y en esa misma línea delictiva está el Tren de Aragua, una red criminal que ha sabido expandir sus tentáculos en casi toda América Latina a través de crímenes violentos como el sicariato, homicidios dolosos y otras acciones.
Como recuerda El Nacional de Venezuela, este grupo criminal nació de un sindicato relacionado con un proyecto ferroviario fallido y tras la cancelación del proyecto, algunos miembros se involucraron en actividades criminales, incluyendo la extorsión.
Una investigación de la periodista venezolana Ronna Rísquez explica que el Tren de Aragua amplió sus fuentes de ingresos a través de un portafolio de al menos 20 delitos, que incluyen extorsión, secuestro, robo, estafa, minería ilegal del oro y contrabando de chatarra, así como homicidios y sicariatos, narcotráfico y lavado de dinero, trata de personas, tráfico de migrantes y la venta de armas a otros grupos criminales de la región.
Según el portal Transparencia Venezuela, las denominadas “zonas de paz” ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro en 2013, “resultaron ser un factor determinante, ya que les dio un reconocimiento, una especie de legitimación oficial y, además, les otorgó un territorio sin presencia policial para consolidar la actividad delictiva”.
En este caso, las iniciativas del régimen para combatir la delincuencia, como la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP) han sido denunciadas por servir “para proteger intereses de funcionarios del Gobierno y materializar venganzas personales”, según la ONG Connectas. “Con la OLP se cometieron 44 masacres y violaciones sistemáticas de derechos humanos”, agregó la organización.
El Tren de Aragua llegó a Bogotá en el año 2016 y hoy forma parte de las más de 50 bandas criminales dedicadas a la extorsión en la capital colombiana, según el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Desde entonces, la organización criminal venezolana ha escalado territorio en Colombia a través de la violencia y la extorsión. Durante este período, la banda venezolana hizo estallar a las organizaciones criminales del país desde adentro a través de un ciclo de traiciones que terminó con la desaparición de organizaciones bogotanas como ‘los Camilos’.
Según narró un agente de inteligencia a El Tiempo, el Tren de Aragua inicialmente se ubicó en la frontera del país, pero luego detectaron una buena oportunidad para traficar y establecer alianzas en Colombia, por ejemplo, con el ELN. No obstante, fueron combatidos y desplazados. Es allí cuando se movilizan a varias ciudades donde no solo se han dedicado principalmente al tráfico de estupefacientes a mejor y gran escala.
Las bandas criminales en Bogotá también se han involucrado con otras acciones delictivas como el control del negocio de la prostitución, la compra y venta de armas de fuego, la venta ilegal de terrenos para la construcción de viviendas ilegales, la compra y venta de celulares y autopartes robadas y los hurtos a personas, los homicidios y la extorsión a grupos vulnerables de la ciudad como trabajadoras sexuales, bicitaxistas, comerciantes, peluquerías y pequeños restaurantes de barrio. Según los datos de la Secretaría de Seguridad, para el 2023 el número de casos de extorsión ascendía a los 1.730. Solo en el primer trimestre de este año el delito creció 74 por ciento con 518 reportes.
Una preocupante expansión
Hacia el sur, la situación es similar. En Chile, el Tren de Aragua también ha penetrado parte del territorio e inició operaciones en la frontera norte del país a través de homicidios, secuestros, trata de personas, tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.
Información recabada por el diario El Mercurio en ese país señala que Los Gallegos -un subgrupo inicialmente asociado al Tren de Aragua- ya operaba en Arica, al menos, desde comienzos de 2022. Actualmente, cerca de 40 integrantes de este clan están siendo enjuiciados por homicidios, secuestros, trata de personas, entre otros delitos.
Además del Tren de Aragua, las autoridades chilenas han identificado el accionar de bandas provenientes de Perú, como Los Pulpos; y de Colombia, como los Espartanos. Por otro lado, la Fiscalía local ha detectado a algunas personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. También se está investigando la presunta presencia de delincuentes vinculados con la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).
Algunas organizaciones implantadas en Chile, como el Tren de Aragua, Los Pulpos y el Primer Comando de la Capital (PCC), también cuentan con presencia en el Perú. Los tres están involucrados en economías ilegales, extorsiones, sicariato, entre otros delitos. El caso de la megabanda internacional de origen venezolano, es aún más especial y preocupante porque cuenta con apenas cuatro años de operaciones en el país andino; sin embargo, en ese trayecto ha logrado controlar las extorsiones en al menos 10 regiones, según fuentes de El Comercio.
Aunque inicialmente se dedicaron a la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico ilícito de migrantes, el Tren de Aragua también expandió sus tentáculos hacía los préstamos ‘gota a gota’, que se caracterizan por tener altos intereses que se vuelven impagables, también al sicariato, robo al paso violento, tráfico de armas y hasta la minería ilegal.
Su actividad en el Perú inició en el año 2020, luego de que llegaron con una facción llamada ‘Los Gallegos’ para tomar el control de las zonas de explotación sexual en Lima, la capital. En 2022, la Fiscalía y la Policía ejecutaron un duro golpe para dicha facción, logrando desmantelar y encarcelar a los principales cabecillas. Para ese entonces se calculó que generaban ganancias de hasta 4 millones de soles.
Informes del diario El Comercio señalan que Los Gallegos se han separado formalmente del Tren de Aragua y cuentan con una organización muy diferente a la inicial, puesto que también han incursionado en el lavado de activos y narcotráfico, generando ganancias de S/15 millones. Otros grupos criminales como La Nueva Jauría, Los Hijos de Dios, entre otras locales, también operan a través de la extorsión usualmente en sectores de las regiones donde la informalidad abunda.
El producto de ello son casos de sicariato casi a diario, asesinatos violentos, robos al paso, atentados extorsivos, detonación de explosivos en colegios, entre otras situaciones que han colocado al Perú en su peor crisis de inseguridad ciudadana de los últimos 10 años.
En Argentina, la crisis delincuencial no solo azota a la capital. En Rosario, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, la extorsión se ha convertido en cosa de todos los días y en este caso se trata de mafias locales: desde hace más de 20 años, la banda Los Monos y el clan Alvarado han tomado el control de las actividades delictivas de la ciudad. Desde 2014 hasta la fecha el gobierno nacional envió en diez oportunidades fuerzas federales para combatir el narcotráfico y el incremento de la violencia, sin mayor éxito, informa La Nación.
