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Haití es el único país del mundo donde pandillas criminales controlan la mayor masa de territorio, tienen más y mejor armamento que las fuerzas de seguridad, más personal que la policía y su menguada fuerza militar, juntos, un código de obediencia implacable, fuentes de financiamiento, experiencia en conflictos y adiestramiento para una guerra.
Con esto a mano, el control del país es un asunto de tiempo, salvo que se consuma la esperada ocupación militar extranjera y la policía haga su trabajo, una confrontación letal con pandilleros que implicaría el sacrificio de muchas vidas.
Si a corto plazo la comunidad internacional no decide la suerte de Haití, con una fuerte presencia armada, a mediano plazo ese país caerá, irremediablemente, en manos del crimen.
Y, al final, habrá tres perjudicados: los grandes intereses económicos de las potencias que vacilan para actuar, el pueblo haitiano y los dominicanos.
En este escenario después del desastre, la preocupación a que eso ocurra debería estar de este lado oriental, República Dominicana.
La única vía de escape de los haitianos sería a través de la frontera. Un éxodo podría superar en números el total de todas las poblaciones dominicanas en la línea fronteriza.
Qué harían nuestras fuerzas militares ante una avalancha humana que huye a la muerte y una presión social de este lado para evitarlo, es una pregunta capital.
Si a la policía haitiana se le dota de un sólido caparazón para actuar, respaldada por un contingente internacional, habrá una larga pelea con las pandillas armadas.
Es sabido que el poder de estos grupos es avasallador y sus instintos y prácticas son salvajes.
La mayor parte de Haití está repartido entre pandillas rivales que secuestran, destruyen, violan y matan sin piedad.
El territorio haitiano se delimita con sangre y entrar a un sector bajo control de una pandilla puede costar la vida.
Pero por el momento, Haití está atado y, por sí solo, estará perdido, arrodillado ante el crimen. A su policía, insuficiente e incompetente, les asesinaron, en 2022, a 55 agentes. Y la última semana de enero mataron a 10.
Ante esto, el primer ministro Ariel Henry garantizó, al condenar el ataque mortal contra seis policías en el departamento de Artibonite, que, “eventualmente”, la fuerza multinacional solicitada llegará en su momento.
Por ahora, la única posibilidad de imponerse a esta situación es con la presencia de esas fuerzas interventoras, y mientras más pronto ocurra mejor, porque esos grupos siguen aumentando su poder mientras a la población se les agrandan las penurias.
Estos grupos controlan y aterrorizan a cuando menos el 60 por ciento de la capital, Puerto Príncipe, y sus áreas circundantes, mientras en departamentos clave como el Norte y toda la franja sur, hasta Anse- à-Pitres, colindantes con Pedernales, son regiones donde su influencia se siente en todos los rincones.
Los últimos sucesos violentos ocurrieron el pasado viernes cuando individuos armados asesinaron a dos personas, entre estas un excandidato a alcalde y activista en las protestas del poblado Anacaona. Se informa que entre los asesinos había personal de la policía haitiana.
En otro hecho, también ocurrido el viernes último, el hotel Roroli, ubicado en Mahotière 77, de la localidad Carrefour, propiedad del exministro de justicia, Berto Dorcé, fue vandalizado, al ser presuntamente confundido como parte del movimiento de protesta contra el asesinato de policías perpetrados en Liancourt, del Artibonite.
Los autores del ataque al establecimiento rompieron todo en el hotel y prometieron volver a la carga si el negocio reabría sus puertas.
La tensión ha crecido bastante en Haití después del asesinato de seis policías en el departamento de Artibonite, y ya antes otros cuatro habían sido acribillados por hombres armados en una emboscada.
Sus compañeros de armas y miembros de la población salieron furiosos a las calles del área metropolitana y sus alrededores, así como en localidades de provincias. Individuos vestidos de uniformes policiales atacaron las residencias oficiales y privadas del primer ministro Ariel Henry y el aeropuerto Toussaint Louverture, donde se esperaba el regreso del jefe de gobierno.
Estos policías protestaban para denunciar la inacción de las autoridades ante los asesinatos de varios agentes, al menos 13 en dos semanas, por bandas armadas.
También, la residencia del director general de la Policía Nacional de Haití, Frantz Elbé, fue apedreada y en la zona fueron incendiados neumáticos. La comisaría de Gonaives también fue saqueada, a final de semana, por la policía.
Ayer, domingo, la Comunidad del Caribe manifestó, en un comunicado, estar “profundamente preocupada” por los incidentes recientes que involucran a policías haitianos.
La organización regional insta a la policía haitiana a “salvaguardar la paz y el orden y abstenerse de acciones que solo podrían causar un daño aún mayor al país”.
La organización regional condenó por un lado el asesinato de agentes y dijo compartir “la ira y la consternación” de la Policía por estas pérdidas, pero aseguró que estas protestas “no pueden tolerarse”.
“Abandonar el papel de proteger a todos los ciudadanos y mantener el orden público desestabiliza aún más al país”, denunció.
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