LIMA.- El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú ha decretado este jueves 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por comisión de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Así, la Justicia peruana ha emitido una resolución favorable sobre la solicitud de la Fiscalía de detener al exmandatario de forma preventiva por un periodo de 18 meses, todo ello tras encontrar fundadas las acusaciones que podrían suponer para Castillo una pena superior a los cuatro años, según ha informado el propio organismo en un comunicado.
Además, el ex primer ministro Aníbal Torres, uno de los principales apoyos de Castillo, deberá comparecer periódicamente con ciertas restricciones y reglas de conducta, ya que está siendo investigado en el mismo caso.
La decisión del Poder Judicial peruano tiene lugar después de que Castillo anunciase la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción el pasado 7 de diciembre, hechos tras los cuales fue destituido por el Congreso y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad peruanas.
Desde entonces, permanece detenido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú, a las afueras de Lima.
Protestas dejan ya 20 muertos
Al menos 20 personas han muerto en la última semana durante las protestas que piden la liberación y restitución en el poder de Pedro Castillo, quien fue vacado por el Congreso y sustituido en el cargo por Dina Boluarte.
De acuerdo a los medios locales, las víctimas mortales se reportan en Apurímac (6), Arequipa (1), La Libertad (3), Huancavelica (1), Ayacucho (8) y Junín (1), en medio del toque de queda declarado por Boluarte en 15 provincias de ocho de los 25 departamentos del país.
La Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, llamó a investigar las circunstancias de cada una de las muertes, ya que «en un estado de emergencia, el uso de las armas letales es la última opción».
«Un estado de emergencia no desprotege el derecho a la vida en sí», insistió tras explicar las versiones preliminares sobre las muertes acaecidas en Ayacucho, donde las Fuerzas Armadas habrían respondido con munición letal contra los manifestantes que intentaron hacer la toma de la terminal aérea.
La Defensoría, además, emitió un comunicado para exigir el cese inmediato de los hechos de violencia y exhortar a las fuerzas del orden a actuar apegadas al orden Constitucional.
«Las autoridades policiales y militares deben garantizar que el personal a su cargo tenga la experiencia, entrenamiento y capacidades suficientes para participar en el control de manifestaciones sin incurrir en abusos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas», reza el texto de la Defensoría, que además llama al Estado a reparar a los familiares de las víctimas.
«Firmeza»
Este viernes, la canciller peruana, Ana Gervasi Díaz, hizo un llamado al diálogo pero defendió la acción represiva, mientras persisten las movilizaciones que exigen la salida del Gobierno de Boluarte, la disolución del Congreso y el llamado a una Constituyente.
«Quisiera lamentar el número de fallecidos hasta la fecha y expresar nuestras condolencias a los deudos. Esta situación no debe continuar. Se requiere diálogo, pero también firmeza frente a acciones delincuenciales», aseveró la ministra de Exteriores.
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