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BRASIL: Supremo niega intento Fiscalía archivar causa Bolsonaro

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BRASILIA, La magistrada del Tribunal Supremo de Brasil Rosa Weber ha rechazado una petición del fiscal general, Augusto Aras, para archivar una causa contra el presidente, Jair Bolsonaro, por prevaricación en la compra de vacunas contra el coronavirus y ha vuelto a remitirle el informe para que sea nuevamente evaluado.

Se trata de la primera vez que un juez del Supremo rechaza un expediente enviado por el fiscal Aras en relación a una investigación sobre Bolsonaro. La Fiscalía ha adelantado que apelará ante el pleno del tribunal esta decisión, ya que «viola el sistema constitucional acusatorio», informa el periódico ‘O Globo’.

Weber ha explicado que la petición de la Fiscalía para archivar esta causa «no se sostiene», ya que el presidente tiene la obligación de denunciar la comisión de un delito cuando tenga sospechas de que se habría cometido, tal y como sostiene el informe de investigación, en el que se reconoce que Bolsonaro fue notificado de las posibles irregularidades que se habrían cometido en la compra de vacunas.

De no ser así, señala Weber, el presidente estaría autorizado «a permanecer inmóvil aunque se le comunique formalmente la existencia de delitos (…) en las dependencias de las estructuras (…) del Gobierno».

«La tesis no se sostiene, con el debido respeto. En el contexto antes descrito es perfectamente posible extraer del propio ordenamiento jurídico y constitucional competencias administrativas vinculadas a ser ejercidas por el jefe de Gobierno», ha argumentado Weber.

Si bien Weber reconoce que el Supremo suele aceptar las demandas de archivo que suele presentar la Fiscalía –al tratarse de la única autoridad competente para llevar a cabo una investigación sobre personas con jurisdicción privilegiada– dicho acatamiento no puede ser automático y ha recurrido al precedente conocido como «conducta atípica» para sustentar su decisión.

En ese sentido, Weber ha explicado que si la última palabra la tuviera siempre la Fiscalía y no el Supremo, se produciría «una clara y no autorizada» inversión de los roles constitucionales.

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