Los proyectos de leyes de Código Penal, de Hidrocarburos, de Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República y de regulación del Ejercicio de las Funciones Públicas, así como el contrato de fideicomiso público de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC) figuran en la lista de Iniciativas legislativas Priorizadas previstas para el nuevo año legislativo 2022-2023, que empezaría el próximo 27 de febrero del año en curso.
Más de 20 iniciativas integran la lista que conformada, además por los proyectos de leyes que introducen medidas especiales aplicables a obras de infraestructura, alianzas público-privadas; el de Comercio Marítimo, el del Cobro de Impuestos a los consumidores en Servicios de Internet, Minutos y Data, el que crea el Departamento de Crédito Educativo, adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el que plantea el Sistema Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La información fue suministrada a Diario Libre, por el viceministro administrativo de la Presidencia, Ovi Saldívar, quien es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
Otras iniciativas legislativas priorizadas sobre la ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, la que regula el proceso de transición gubernamental, el de Cheques de la República Dominicana y del Régimen Jurídico de la Propiedad de Tierras Fronterizas. Además, los proyectos de leyes que disponen la instalación de Fuentes de Energía Renovable en Edificios Públicos y Privados, sobre Registro y Mantenimiento de Infraestructuras Públicas y sobre Expropiación de Bienes Inmuebles.
La lista la completan los proyectos de leyes que crea el Registro de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) para las personas Relacionadas con Actos Criminales y Delitos; el en Contra de la Trata de Personas en el Marco de la Seguridad Ciudadana y de la Protección de los Derechos Humanos.Además, los proyectos de leyes que agregan varios artículos a la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada, el de Regulación de los Conflictos de Intereses en el Ejercicio de Funciones Públicas y la que regula las Cooperativas en la República Dominicana.
