La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de República, en actuación conjunta con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), entregaron ayer al presidente Luis Abinader un informe de la investigación sobre el acuerdo suscrito entre el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y la empresa Mía Cargo Group.
Las entidades identificaron que, la firma del primer acuerdo bajo este tipo de modalidad ilegal, es de fecha 13 de noviembre del año 2008, entre Modesto Guzmán, en representación del Inposdom, y la empresa Inversiones Tahití, S.A, que posteriormente devino en el acuerdo con la razón social Mía Cargo Group.
Según la investigación, esta alianza entre Mía Cargo Group e Inversiones Tahití pasó a tercerizar la especie del “acuerdo de exclusividad” que
había suscrito con Inposdom en la gestión de Modesto Guzmán, lo que propició que a la llegada de la nueva gestión, encabezada por Adán Alberto Peguero de León, se excluyera a Inversiones Tahití, firmando el documento directamente con la anterior subcontratista, o tercero en la relación y agregándole nuevos actores, como en el caso de Jesús Solé, así como nuevas violaciones al debido proceso legal, que permiten establecer que dicho proceso de contratación se realizó al margen de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones y que tampoco se trata de un procedimiento de alianza público-privada.
La DGCP certificó el 8 de noviembre del 2021, que no figura registrado en el Portal Transaccional ningún proceso de selección de proveedores realizado por la unidad de compras del Inposdom asociado a alguna contratación con la empresa Mía Cargo, estableciendo que tanto su director, Adán Peguero, como su consultor jurídico, Joaquín Félix Santana, han dado continuidad a una mala práctica institucional violatoria de la ley.
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