Los haitianos han demostrado a lo largo de la historia que no pueden autogobernarse. Desde su emancipación con la que abolieron la esclavitud y crearon el primer Estado independiente de América Latina dirigido por esclavos negros, la República ha dado evidencias contundentes de que necesita un Fideicomiso para poder salir del actual caos.
Violenta fue la movilización de sus ancestros hasta este continente, violenta su adaptación, violenta su liberación y violento siguen siendo sus días en pleno siglo XXl.
El último de los fracasos lo experimentó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se embarcó el 1 de junio año 2004 en una misión de estabilización, compuesta esencialmente por una fuerza militar y técnicos, a los fines de poner fin a la crisis humanitaria y sociopolítica que atravesaba la nación caribeña tras el segundo golpe de Estado a Jean Bertrand Aristide.
En los esfuerzos desplegados por todas las naciones convocadas bajo la sombrilla de la ONU se invirtieron poco más de 346 millones de dólares anuales, que multiplicados por los 13 años de intervención significan 4 mil 498 millones de dólares, erogados del presupuesto de ese organismo cuyos fondos provienen de las cuotas y contribuciones de los países miembros. En aquel presupuesto tirado por la borda no se calculan las misiones especiales de apoyo logístico ni los recursos desembolsados por los organismos multilaterales en ese tiempo, como parte de la cooperación internacional. Tampoco los aportes bilaterales de los países amigos.
El legado de la misión de las Naciones Unidas no solo se ve ensombrecido en el fracaso por conseguir la estabilidad permanente, el fortalecimiento del estado de derecho y de la democracia, sino con un historial de denuncias que cayó como fardo sobre los integrantes de la fuerza de paz por el uso excesivo de las tropas, violaciones, hijos abandonados y una epidemia de cólera atribuida su propagación en el 2010 a los soldados de la MINUSTAH.
Cierto o no, hay evidencias que confirman muchas de esas denuncias. Lo cierto es que la imagen de la misión de paz y de la propia entidad internacional está comprometida en todo el mundo por el caso haitiano.
¿Es pertinente otra salida?
Desde su fundación como Estado, Haití viene de descalabro en descalabro sin que sus propios líderes políticos, empresariales y sociales se puedan poner de acuerdo mínimamente para sacar a ese país del abismo al que lo han llevado, convirtiéndose los 27 mil kilómetros cuadrados en un infierno para la supervivencia de las familias vulnerables.
La gente pobre de Haití y la clase media imposibilitadas de emigrar son los que han tenido que resistir la violencia política y la furia de las bandas armadas, que son las que gobiernan porque tienen el control del territorio.
El último acto de violencia escenificado fruto de las contradicciones políticas internas fue el magnicidio del presidente Jovenel Moise en su residencia mientras dormía con su familia, pero al cabo de cuatro meses no hay nada claro en relación a un hecho tan atroz.
Haití pasaba del centenar de guerras intestinas, insurrecciones, golpes de Estado, magnicidios, revueltas civiles e intentos de golpes antes del asesinato de su presidente el pasado 7 de julio.
El mismo germen ancestral de la división y la genética cultura de violencia de los haitianos es el motor que ha llevado a la actual tragedia.
Descartado el retorno de otra misión de la ONU y a sabiendas de que los Estados que acompañaron a Haití en las últimas décadas rechazan cualquier modo de intervención bajo el alegato de respetar la soberanía de los pueblos, la pregunta obligada es: ¿qué hacer?
Hay la convicción entre los organismos que sirven para acompañar a las naciones en sus procesos de fortalecimiento democrático de respetar la soberanía. Sin embargo, Haití es un caso sui generis, como fue Somalia: sus dirigentes son incapaces de autogobernarse.
La prolongación de esa especie de limbo político ha comenzado a perjudicar a otras sociedades vecinas, donde la más afectada es República Dominicana, que comparte la misma isla. Una legión de haitianos no solo comenzó a emigrar a Santo Domingo y otros pueblos del territorio dominicano, sino que llegan a las costas cubanas, mexicanas, estadounidenses y de otros países de América del Sur.
El éxodo es solo un aspecto del problema. Hay que ponerse en los zapatos de los millones de haitianos que no tienen posibilidad de emigrar para estar a salvo de los secuestros, asesinatos y la violencia política.
Ese estado de cosas no puede seguir prolongándose indefinidamente, lo que obliga a constituir un Fideicomiso compuesto por tres países: Estados Unidos, Canadá y Brasil, de lo contrario la comunidad internacional seguirá dando palos a ciegas y recibiendo oleadas de haitianos.
En la primera fase de apoyo para Haití, tres ejes de acción se podrían desarrollar: seguridad pública, a cargo de Estados Unidos porque posee la experiencia y capacidades logísticas para ello; recuperación económica y desarrollo, bajo la gestión de Canadá, un país que ha mantenido la cooperación y el acompañamiento a los haitianos y, por último, el eje de fortalecimiento institucional encargando a Brasil. Cada eje de desarrollo contará con una figura haitiana propuesta por la sociedad. Los demás países miembros de la OEA y la ONU deben estar disponibles para cooperar.
Este plan estratégico de sostenibilidad de Haití deberá ser refrendado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo Permanente de la OEA. El Fideicomiso tomaría las decisiones políticas, económicas y geoestratégicas que beneficien a la población, al margen de intereses económicos y políticos haitianos.
El tiempo ha demostrado que Haití necesita por lo menos dos décadas de acompañamiento con un plan claro para el desarrollo, de lo contrario arrastrará a República Dominicana al fondo del abismo.
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