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La explosiva inestabilidad sociopolítica imperante en Haití plantea serios desafíos para la República Dominicana. El primero de ellos es buscar un interlocutor válido ante la complejidad de su crisis, con el objetivo de encontrar soluciones diplomáticas preventivas. ¿Quién podría ser? Lo correcto hubiera sido el destituido canciller haitiano Claude Joseph.
En tal sentido, desde nuestra perspectiva, este personaje se había autodescalificado como mediador ante las constantes críticas al país y al Gobierno dominicano, incluso ofensivas al presidente de la República Luis Abinader, recurriendo a la vieja táctica de exacerbar un sentimiento antidominicano con el único propósito de consolidar sus ambiciones presidenciales.
El excanciller Joseph era ministro de un Estado ya DESESTRUCTURADO, que a penas controla el 25% de su territorio, pues el 75% restante es controlado por las bandas criminales armadas, de manera que, ¿canciller de qué y de quiénes?
En un extraordinario análisis del general Carlos R. Altuna Tezanos publicado en este diario el pasado 8 de noviembre, titulado: “Haití: Un Estado desestructurado”, expone con sólidos argumentos dos características avaladas en los estudios de la problemática sobre el mantenimiento de la seguridad internacional y prevención de la desintegración de los Estados a causa de la violencia, en el marco de la primera reunión periódica sobre el derecho internacional humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), celebrada en Ginebra en 1998, las cuales cito:
1.- El derecho internacional contempla tres elementos constitutivos que describen la integración de un Estado: territorio, población y gobierno.
2.- La CICR describe siete tipologías inherentes a la desestructuración de un Estado:
a) Desintegración de los órganos del gobierno central, que no son capaces de ejercer sus derechos y obligaciones sobre su territorio y su población.
b) Presencia de numerosos grupos armados.
c) Control fragmentado del territorio estatal.
d) Desintegración del orden jerárquico en las diferentes facciones.
e) Los grupos eluden la reglamentación del uso de la violencia, violando el derecho internacional humanitario.
f) El régimen económico de facciones implica la utilización de bandidaje y criminalización.
g) Los grupos criminales se aprovechan del caos para sus particulares fines.
Analizadas estas características propias de la desestructuración de un Estado descritas por el organismo internacional y el hecho de que el Gobierno haitiano tan solo controla precariamente el 25% de su territorio, se hacía difícil que fuera Claude Joseph el mejor interlocutor haitiano.
Ante este escenario, ¿será posible que el poderoso líder de las bandas armadas Barbecue se erija en interlocutor? De por sí, las ayudas humanitarias que la comunidad internacional envió hace unos meses para socorrer a esa nación debido a otro terremoto, los gobiernos extranjeros se vieron forzados a “negociar” con los líderes de esas bandas armadas ante la incapacidad de sus autoridades gubernamentales y fuerzas de seguridad de asegurarles el desembarco de alimentos y medicamentos en los puertos haitianos.
¿Quién es Barbecue? Es un exagente de policía que responde al nombre de Jimmy Chérizier, de unos 45 años de edad, cuyo liderazgo y colaboración del actual partido político en el poder, Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK), le permitió ser el jefe de la pandilla Delmas 6, para luego convertirse en el líder de la federación criminal conformada por las 9 pandillas más poderosas de la capital haitiana denominada “G9 an Fanmi e Alye” en el año 2020.
Su carrera criminal se inició por el año 2017, cuando supuestamente participó en una operación antipandillas que terminó con el asesinato de 9 civiles inocentes en el barrio Grand Ravine, en Puerto Príncipe y en 2018, donde presuntamente participó en la Masacre de La Saline con su pandilla Delmas 6 y otros grupos, como Cité Soleil, Baz Pilate y Ti Bwa. A pesar de que niega su participación en esa matanza fue cancelado de la Policía Nacional de Haití (PNH) al mes siguiente de estos sucesos.
Se especula que de altos funcionarios del asesinado presidente Jovenel Moïse, recibía sustentación financiera, logística y material para realizar agresiones a bastiones de la oposición política del Gobierno ante los constantes ataques por corrupción, aumento de la violencia y crisis económica. Lo convirtieron en una especie de “fuerza parapolicial” a los fines del Gobierno reprimir opositores e imponer el orden en los peligrosos barrios marginados.
Su poder fue aumentando tanto, que un mes antes del asesinato del presidente Moïse, anunció públicamente a través de YouTube una “Revolución” contra el sector empresarial, la oposición y el mismo partido en el poder; pero luego del asesinato del mandatario, cambió abruptamente su postura, y en medio de una gran concentración en el distrito de Lower Delmas donde hizo un homenaje póstumo al ejecutado presidente, anunció que “todo el mundo tiene que esperar mis órdenes antes de responder al asesinato de Jovenel Moïse”, con la clara intención de sacar ventaja política al vacío de poder que se había producido luego del magnicidio.
Con este panorama descrito, sería imposible que un Estado legítimamente constituido “negocie” asuntos de Estado con líderes criminales, aunque surja la posibilidad de que Barbecue intente influenciar en las próximas elecciones generales haitianas para colocar a un títere político suyo y él poder ejercer su autoridad detrás de las cortinas. En este contexto, se hace necesario que el Estado dominicano utilice los recursos de la “Inteligencia Estratégica” orientada a la “diplomacia efectiva” como instrumento de refuerzo a la diplomacia tradicional, con el objetivo de consolidar la política de relaciones exteriores y mejorar el flujo de información para la prevención de conflictos entre las dos naciones, y contribuir a maniobrar con precaución ante los propósitos inconfesables de una comunidad internacional al asecho, ayudando a superar la crisis actual mediante el empleo de los recursos estratégicos y altas capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y la inteligencia criminal de la Policía Nacional. De esta manera, podremos tener la certeza de quién o quiénes son los interlocutores idóneos para prevenir o disuadir una catástrofe migratoria, conflicto con bandas criminales armadas o de cualquier otra naturaleza que pongan en peligro nuestra soberanía nacional.
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