El Ministerio Público dio a conocer este sábado las imputaciones que pesan en contra de los 14 implicados en la Operación Larva, el caso más reciente de persecución del narcotráfico y lavado de activos bajo de la gestión de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.
En el expediente acusatorio, los fiscales señalan que el grupo formaba parte de una organización criminal dedicada a operaciones “a gran escala” para el tráfico de drogas y lavado de dinero.
Con el fin de “mantener el control” de esas operaciones y garantizar su éxito, los encartados incurrieron en hechos de sangre, aseguran los fiscales.
Según el documento, una de sus principales tácticas consistía en invertir las grandes sumas de dinero obtenidas de las actividades del narcotráfico en el sector inmobiliario, adquiriendo “inmuebles suntuosos” en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros.
Las riquezas del grupo no sólo fueron invertidas en edificaciones, sino que también adquirieron vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.
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