Esta nueva ola de expansión del Covid-19 en el país se parece un poco a los días de finales de marzo y principio abril del 2020 cuando el Gobierno se vio obligado a tomar medidas radicales, pero en esta ocasión, aunque se han endurecido las acciones no se ha emitido ninguna resolución para limitar la cantidad de empleados que laboran en las instituciones para evitar concentración de personal y aglomeraciones en el transporte público.
Al principio de la pandemia, cuando los casos de contagios empezaron a aumentar, el Ministerio de Administración Pública (MAP), por disposición del expresidente Danilo Medina, decretó el cierre total o parcial de unas 150 entidades gubernamentales.
Luego impuso la asistencia alternada del personal (50% por semana), exceptuando a los titulares y aquellos que resultaren indispensables para el funcionamiento de la entidad. Asimismo, se dispuso que los empleados con más de 60 años de edad y quienes tuvieran condiciones especiales de salud como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, permanecieran en sus hogares mientras dure la crisis. Con las resoluciones 058-2020 y 059-2020, el MAP estableció tres categorías para el funcionamiento de las oficinas públicas.
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