Ya no habrá más chances para pagar los teléfonos y el internet

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Jhenery Ramírez
Santo Domingo, RD

Con el inicio de la fase uno para la reapertura gradual de la economía que es­te miércoles cumple una semana, se acaban las prórrogas para pagar los servicios de telecomunica­ciones, como el internet y los teléfonos.

Así lo establece la reso­lución PRE-004-2020 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) puesta a circu­lar el 18 de mayo del año en curso, justo un día des­pués de que el presidente Danilo Medina anunciara la desescalada en Repúbli­ca Dominicana.

Con esta medida se qui­ta a los usuarios de teleco­municaciones el beneficio de que las empresas pres­tadoras no suspendieran sus servicios por la falta de pago durante el perío­do de vigencia de la reso­lución. Esto brindaba a los usuarios, quienes necesi­taban el servicio para las clases virtuales y el tele­trabajo, que no le cobra­ran intereses por mora o reajustes.

La resolución del Indo­tel, consultada por Listín Diario, daba desde el día 20 de mayo a los usuarios un plazo de cinco días para que se pusieran el día con las facturas pendientes y realizaran acuerdos de pa­gos con las prestadoras de telecomunicaciones. Este venció el pasado lunes 25 de mayo.

El día 23 de marzo, la Comisión de Alto Nivel pa­ra la Prevención y el Con­trol del Coronavirus ins­truyó al Indotel para que dedicara todos los recursos necesarios para garantizar la continuidad ininterrum­pida de sus servicios y pro­hibiendo la suspensión o cancelación de los servicios de telecomunicaciones, así como la generación de car­gos por retraso en el pago de los servicios durante el periodo de estado de emer­gencia, que todavía se man­tiene hasta el 1 de junio.

Lo que se había estipulado

A través de las resoluciones PRE002-2020 y PRE-003-2020, el Indotel aseguraba la continuidad del servicio de telecomunicaciones a los habitantes del país, con­siderando las restricciones de movilidad que el estado de emergencia les imponía, así como la necesidad de concentrar los recursos de las empresas prestadoras en garantizar la continui­dad del servicio, mientras se adaptaban a las condi­ciones de operación que las circunstancias les impo­nían.

El Indotel consideró oportuno derogar los efec­tos de las pasadas resolu­ciones “tomando en con­siderando la garantía que se mantiene sobre los ser­vicios por la regulación vi­gente, así como el conjunto de medidas que mantiene el Estado dominicano en la lucha contra el COVID-19 dentro la apertura gradual de la economía”.

Directrices pasadas

Con las resoluciones ante­riores, el Indotel establecía que las concesionarias de servicios públicos de tele­comunicaciones garantiza­rían la prestación a los con­sumidores, además de que no podían, durante el pe­riodo de estado de emer­gencia y los cinco días ca­lendario posteriores a su terminación, suspender o cancelar por falta de pago los servicios.

Se disponía, además, que todos los usuarios de servicios sin contratos con cargos recurrentes (prepa­go) podían conservar du­rante la vigencia del estado de emergencia, como míni­mo, acceso gratuito al Sis­tema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y a *462, mensajes y recepción de llamadas.

Fases de la desescalada

El 17 de mayo, el Poder Eje­cutivo anunció las cuatro fases previstas de desesca­lada, siendo la primera la que permite a las empre­sas operar parcialmente de acuerdo a su tamaño y al número de empleados.

“Cabe resaltar que por el momento se está contem­plando únicamente el re­greso al trabajo, pero aún no estamos en condiciones de hablar de una fecha de reapertura para las activi­dades que involucran al­ta densidad de personas”, dijo en un discurso el pre­sidente Danilo Medina al referirse a la segunda fase que está prevista para el 3 de junio.

SEPA MAS
Ente regulador

El Indotel dijo que el trabajo conjunto en­tre el regulador y las empresas prestadoras “ha permitido, duran­te este periodo de res­tricciones de movili­dad, mantener la con­tinuidad de servicio y proteger los derechos de los consumidores en todo el país”.

También, la institu­ción ha advertido de que siempre se man­tendrá vigilante y atenta a la protección de derechos de los usuarios.

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