La DGCP, señaló que dicha acción se constituye en una irregularidad grave en la configuración presupuestaria que llevó a que la suma del contrato fuera tres veces mayor tanto al monto total estimado de la contratación como al de la oferta ganadora y la adjudicación.
De acuerdo con una publicación de Contrataciones Públicas, no existe acto de comités de compras aprobando el informe técnico, no se evaluaron criterios técnicos obligatorios como flotillas, rutas, solvencia y liquidez.
La institución determinó que el proceso no contó con rigor técnico y que el ayuntamiento violó los principios de legalidad, eficiencia y publicidad.
Según Contrataciones, el ayuntamiento había incurrido en prácticas similares en el año 2021.



