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Vulnerabilidad climática presenta un nuevo desafío a las finanzas de República Dominicana

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República Dominicana, como parte del Caribe se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad climática, y su impacto ahora plantea un mayor desafío, debido a que las finanzas públicas reflejan una grave rigidez presupuestaria y las necesidades sociales se proyectan con un aumento importante frente a los rezagos de eventos atmosféricos como las torrenciales lluvias de la tormenta Melisa.

Actualmente, hay una gran cantidad de localidades incomunicadas por las inundaciones, deslaves en montañas y en importantes vías terrestres de gran producción agropecuaria, mientras se espera una agudización de las lluvias entrada la semana por el paso de la tormenta por Jamaica y Cuba, lo que traerá más aguaceros y deslizamientos.

El país recibe ayuda técnica de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y hasta del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero son parte de proyectos.

El resto son financiamientos y, en la actualidad, el país destinará un 27% de su producto interno bruto (PIB) al pago de los intereses y las amortizaciones de la deuda pública que este año está en un 60% del PIB, dejando poco espacio para soluciones sociales de esta envergadura.

Según el Índice Mundial de Riesgo 2023, República Dominicana figura entre los 41 países con mayor riesgo del mundo, señala en un informe el Banco Mundial, cuyas estimaciones indican que los eventos climáticos pueden ocasionar pérdidas de hasta el 1% del PIB.

El Banco Mundial apoya al país en temas de pobreza y ha augurado que de sufrir mayores impactos por el clima la cantidad de pobres aumentará.

“Sin medidas de adaptación o mitigación, 110,000 personas más podrían caer en la pobreza para el año 2050”, dice.

Una de las ayudas más recientes del organismo ante un evento atmosférico fue en 2023, luego del impacto del huracán Fiona en el territorio nacional, al destinar además de asistencia técnica un financiamiento de US$200 millones para que el país pudiera gestionar el riesgo climático y alcanzar una recuperación inclusiva. En enero de ese mismo año había financiado US$100 millones como respuesta inmediata para la mejoría del programa social Supérate.

A través de la FAO, el país recibe ayuda sobre el cambio climático, específicamente en temas agrícolas, sequías, fenómenos atmosféricos, inundaciones, plagas y enfermedades y en previsión de emisiones de efecto invernadero. La FAO se asoció con el Fondo Verde para el clima, con el cual contribuye en esos temas a nivel mundial y regional, incluyendo la región del Caribe.

El Fondo Verde para el Clima es el mayor mecanismo financiero multilateral para apoyar la acción climática.

De hecho, tiene una participación importante en las Cop (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) que este año se celebrará en su versión número 30 en Brasil, con el objetivo de impulsar el cumplimiento de los países con la mitigación del efecto invernadero y así controlar el crecimiento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius.

El BID contribuye en la región con varios programas, entre el BID CLIMA, con la finalidad de ayudar a los países a acceder a los mercados de deuda verde y temática para movilizar capital para inversiones en clima y naturaleza a mayor escala. Anunció diez proyectos pilotos, con un préstamo de US$1,000 millones. Los primeros nueve países que se beneficiarían del programa son Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

SEPA MÁS

DEUDA

El tema fiscal del país se maneja con un reducido espacio. Actualmente, el pago de los intereses de deuda y amortizaciones es de un 27% del PIB.

A agosto, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) es de un 46.36% del PIB, equivalentes a RD$57,587.2 millones, menor que en 2021, cuando llegó a 50%, pero ha ido creciendo y según el último informe del FMI cerrará este año 2025 en RD$60,182.9 millones, en un 60% del PIB.

En el 2020, 2021 y 2022 la proporción de la deuda en el PIB fue mayor que ahora, de acuerdo con el FMI, pero fue bajando para volver a subir. Las proyecciones son a la baja hasta colocarse en 55.7% en 2028, 53.9% en 2029 y 52.4% en 2030, sin contar con eventualidades. 

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