El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el primero de mayo el conocimiento del juicio de fondo en contra del exprocurador general de la República, Jean Alain RodrÃguez, y demás imputados en el caso Medusa.
El tribunal presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado por Clara Castillo y Jisell Soto, ordenaron a la secretaria notificar el auto de fijación de audiencia para ese dÃa a las 9 de las mañana a los imputados, sus abogados y los fiscales de la ProcuradurÃa Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El apoderamiento a tribunal fue realizado por la presidenta de las Cámaras Penales del Distrito Nacional, Ingrid Fernández, mediante sorteo aleatorio computarizado.
Esto se produce luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación quitara el caso a los jueces Keila Santana Pérez, ElÃas Santini Perera y Arisleida Méndez Batista del Cuarto Tribunal Colegiado, tra acoger una recusación presentado en su contra presentada or Jean Alain RodrÃguez, la sociedad comercial Jurinvest Abogados, S.R.L., e Inversiones Cavalieri, S.R.L., a través de los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi Pumarol y Nelys Rivas Cid.
En el caso además figuran como acusados Jhonatan RodrÃguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte.
Igualmente, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro MartÃn Rosa Llanes, Félix Antonio Rosario Labrada, Ramón Lucrecio Burgo, Johannatan Loanders Medina Reyes, Isis Tapia, Francis RamÃrez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, Josè Miguel Estrada Jackson, César Nicolas Rizik, José Luis Liriano Adames, asà como varias razones sociales.
Acusación de entramado de corrupción
El órgano persecutor acusa a RodrÃguez Sánchez de dirigir un entramado de corrupción administrativa mientras estuvo al frente del Ministerio Público en el perÃodo 2016-2020, que fue desmantelado con la Operación Medusa.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crÃmenes y delitos de alta tecnologÃa y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos.
