Explicaba que en las fases preliminares de las investigaciones disciplinarias contra miembros del órgano persecutor no se podía anticipar informaciones que “puedan afectar el honor y la imagen de los miembros de la institución”.
“Exponer de manera anticipada las actuaciones disciplinarias puede generar un gran daño al honor del investigado, por lo que debe manejarse con la mayor reserva posible, y en ningún caso deberíamos promover su divulgación desde la comunicación institucional, hasta tanto no exista una decisión en firme”, decía la comunicación.
Germán Brito indicaba, además, que el control disciplinario no era una tarea sencilla, ya que implicaba investigar y enjuiciar a compañeros de labor.
“Las personas sometidas a un procedimiento disciplinario gozan de una presunción de inocencia que debe ser derrotada con la decisión de condena y merecen ser tratados con la dignidad que les corresponde”, explicaba Germán.
Señalaba que la sociedad merece ser informada de las actuaciones que se realizan a lo interno para cumplir con el principio de transparencia de las actuaciones públicas, por lo que en el momento oportuno se daría a conocer.
Proceso
Esta semana se informó que se designará un juez especial de la Corte de Apelación para seguir el proceso de investigación en contra de los siete fiscales involucrados en este caso, tal como establece el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
