En 2015 estalló un escándalo a lo interno del Poder Judicial, cuando se hizo pública una investigación en contra de la entonces jueza Awilda Reyes Beltré y el exconsejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, a quienes acusaban de formar parte de una red de jueces corruptos que recibÃan sobornos de personas ligadas al narcotráfico, y lavado de activos, a cambio de recibir sentencias favorables.
La investigación iniciada por el entonces procurador general de la República, Francisco DomÃnguez Brito, daba cuenta de que el exconsejero del Poder Judicial Arias actuaba como la persona que supuestamente contactó e influyó a la jueza Awilda Reyes para que emitiera decisiones a favor de imputados en procesos judiciales a cambio de altas sumas de dinero.
Mariano Germán dijo que no tenÃa nada que ver con las decisiones adoptadas por Reyes Beltré ni de ningún otro funcionario del Poder Judicial y calificó esas actuaciones como “una infamia de la peor calaña”.
En esa ocasión divulgó que las sentencias cuestionadas emitidas por presuntos sobornos fueron la orden de devolución de la aeronave Cessana 550, matrÃcula N61MA, incautada mediante orden de secuestro al presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro.
También se cuestionó la sentencia de devolución de US$20 millones a favor de la empresa Prado Universal Corp., compañÃa constructora de la Torre Atiemar, cuyo presidente era el presunto narco Arturo del Tiempo.
Awilda reyes también fue cuestionada por disponer la libertad del exregidor del municipio de Pedro Brand, Erikson de los Santos SolÃs, quien en aquel tiempo estuvo en un proceso judicial por supuestamente dirigir una organización criminal dedicada a la invasión de terrenos y asesinato de miembros del transporte público.
El proceso Penal
Luego de haber sido sometidos a un juicio de naturaleza disciplinaria, tanto Awilda Reyes como Arias Valera fueron destituidos, tras presentar renuncia ante el Poder Judicial y el caso fue enviado a un proceso de carácter penal.
Desde entonces (hace seis años) el caso se habÃa mantenido estancado en la etapa preliminar. Situación que motivó a los exjueces a solicitar al tribunal que lleva el caso, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que declare la extinción del proceso penal por exceder más de los cuatro años máximos que establece la norma.
